El juzgado de Instrucción N° 3 de Gandia acordó, por medio del ministerio fiscal, la apertura de juicio oral ante Audiencia Provincial contra Arturo Torró y Ricardo Manuel Faura que son acusados y contra la empresa Comarques Centrals Televisió SL, nombrados como, responsable civil subsidiario, acusados de fraude y malversación de fondos públicos se pide para ellos 8 años de cárcel y una fianza de 4.020.000 euros añadiendo los intereses legales generados por la causa conocida como “Caso Tele7”.
Concretamente hace un año, 3 de marzo del año 2020, el tribunal de cuentas acordó embargo de bienes y derechos al ex Alcalde de Gandia, Arturo Torró asi también a 2 de sus colaboradores nombrados Javier Reig y Gonzalo Morant, acabo el plazo para reintegrar los 550.000 euros que se les había impuesto como sanción al encontrarles responsables de posibles pagos que tenían irregularidad cuando estaban al mando del gobierno.
La entidad de control del sector público emitió una providencia en diciembre de 2019, que posteriormente ratificó el 16 de enero de 2020, en la que les instaba a devolver, en concepto de responsables directos, la cantidad de 480.000 euros por los pagos que realizaron durante la legislatura del Partido Popular desde Iniciatives Públiques de Gandia (IPG) a una mercantil, Comarques Centrals Televisió S.L. Además, a esa suma añadía 70.045,56 euros por los intereses de demora generados.
Esta es sólo una de las partes de la causa que ahora que emplazada al juicio oral. Ahora, y tal y como ha podido saber Gente de la Safor, Arturo Torró deberá sentarse en el banquillo de los acusados por un supuesto delito de malversación y fraude, y aportar al tribunal una fianza de responsabilidad civil de más de cuatro millones de euros.
De dichas infracciones, se considera a Comarques Centrals Televisió SL responsable civil subsidiario. Asimismo, Torró y Faura deberán abonar al Ayuntamiento de forma solidaria 480.000 euros más intereses “por el perjuicio causado a las arcas públicas”. De esa cantidad responderá igualmente de forma subsidiaria la mercantil.
LOS HECHOS
Diciembre de 2011: La empresa pública municipal IPG recibió una propuesta del Ayuntamiento de Gandia para realizar actividades de comunicación que, hasta su cierre, venía desempeñando la televisión municipal.
18 de enero de 2012: IPG, a través del procedimiento de contratación por invitación, adjudicó sendos contratos (prestación de servicios públicos de comunicación audiovisual televisiva) a las empresas Comarques Centrals Televisió S.L e Inversiones Especiales del Mediterráneo S.L., por un importe de 1.770.000 y 1.768.584 euros respectivamente, ambos con una duración de tres años.
6 de febrero de 2012: Se firman los contratos. Sin embargo, previamente en el mes de diciembre, tras lanzar la propuesta pero antes de la adjudicación, Comarques Centrals de Televisió S.L. efectuó una “cesión de las obligaciones del contrato” en favor de Inversiones Especiales del Mediterráneo S.L.
30 de agosto de 2012: Como consecuencia de dicha cesión, fue Inversiones Especiales del Mediterráneo la que ejecutó los trabajos correspondientes a ambos contratos, llegando a pactar con IPG una modificación de los mismos y su adecuación al plan económico financiero inicialmente previsto.
10 de febrero de 2013: IPG y Comarques Centrals Televisió S.L. acuerdan la resolución del contrato suscrito el 6 de febrero de 2012, por supuestas dificultades no concretadas, asumiendo la empresa pública la obligación de pagar a la mercantil la cantidad de 500.000 euros de dinero público a modo de indemnización.
7 de junio de 2012: IPG abonó mediante transferencia a Comarques Centrals Televisió S.L. 480.000 euros, antes incluso de que se acordase la resolución en 2013 y la referida indemnización.
10 de febrero de 2013: IPG y Comarques Centrals Televisió S.L. acuerdan la resolución del contrato suscrito el 6 de febrero de 2012, por supuestas dificultades no concretadas, asumiendo la empresa pública la obligación de pagar a la mercantil la cantidad de 500.000 euros de dinero público a modo de indemnización.
7 de junio de 2012: IPG abonó mediante transferencia a Comarques Centrals Televisió S.L. 480.000 euros, antes incluso de que se acordase la resolución en 2013 y la referida indemnización.
Según el informe, el acusado, aprovechando su condición de Alcalde de Gandia y Presidente del Consejo de Administración de IPG, utilizó la empresa municipal IPG y asumió la obligación de pagar a Comarques Centrals Televisió S.L. 500.000 euros de dinero público “a sabiendas de que no había causa que lo justificase, causando un claro perjuicio para las arcas públicas”. Por ello, la Fiscalía Provincial de Valencia considera los hechos expuestos como constitutivos de un delito de malversación de caudales públicos, y de un delito de fraude en la contratación pública.
Como conclusión el Ministerio Fiscal considera que procede imponer a Torró la pena de 8 años de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena, inhabilitación absoluta durante 20 años, y el abono de costas procesales.
